Convocados por el coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México de la Presidencia de la República, Eduardo Villegas Megías, nos reunimos el viernes 2 de julio para discutir sobre la nueva Ley General de Bibliotecas. Creo que se trató de una reunión necesaria, interesante y fructífera. Habría sido deseable, claro, que esta reunión se hubiera celebrado antes de que se promulgara la ley, de manera que recogiera las opiniones de los diversos sectores implicados, particularmente la industria editorial, sin duda uno de los que están sufriendo los daños colaterales más severos. Ya había yo abordado los problemas que visualizaba por la promulgación de esta ley en mis notas que publiqué aquí mismo, la primera el 6 de junio y, la segunda, el 22 de junio. Por otra parte, el 9 de junio yo le había propuesto a Eduardo Villegas llevar a cabo una reunión para discutir la ley, pues con él hemos tenido una excelente comunicación y ha mostrado una disposición constante al diálogo y al impulso de acciones muy concretas de apoyo a la industria editorial en general y a la edición independiente en particular. De manera paralela, Trabajadores de la Edición, organización a la que también pertenezco, buscó el diálogo con la senadora Gloria Sánchez para externarle nuestras preocupaciones y para que se las hiciera llegar a la Comisión de Cultura del Senado de la República. Esta reunión tuvo lugar el viernes 18 de junio. Como se puede ver, las serias preocupaciones por la nueva Ley General de Bibliotecas salieron a relucir en cuanto se promulgó y los esfuerzos por buscar el diálogo fueron prácticamente inmediatos.
Llegamos así a la reunión de este viernes 2 de julio. Por parte de diversos sectores oficiales estuvieron Eduardo Villegas, de Presidencia, Marx Arriaga, de la SEP, Rodrigo Borja, de la Secretaría de Cultura, María Velázquez, de la Cámara de Diputados, Mariano Leyva Pérez Gay, de la Biblioteca Vasconcelos, y Alberto Arenas Badillo, director de Indautor. También nos acompañó Pablo Mora Pérez Tejada, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Por parte de la industria editorial estuvimos Juan Arzoz, presidente de la CANIEM, Diego Echeverría, presidente del Comité de nuevas tecnologías de la misma Cámara, Quetzalli de la Concha, representante de CEMPRO, Déborah Holtz, de la AEMI, y yo, Alejandro Zenker, representando a la Liga de Editoriales Independientes (LEI), a la Red de Librerías Independientes (RELI) y a Trabajadores de la Edición (TE). Como he venido señalando, la nueva Ley General de Bibliotecas, si bien es en general bienvenida, contiene cláusulas que o bien pueden ser lesivas para los intereses de diversos sectores, entre ellos la industria editorial, o generan amplias dudas sobre sus alcances y su implementación. Por eso, esta reunión tuvo particular importancia. Al principio, Marx Arriaga nos expuso cómo se gestó la ley, cuál fue su principal objetivo (la dignificación de la labor del bibliotecario y el fortalecimiento de la red nacional de bibliotecas), y las tareas pendientes (la creación de los reglamentos). Luego, cada uno de los otros representantes de gobierno y bibliotecas fue tomando la palabra para abundar en lo dicho por Marx y para aclarar, desde sus respectivos ámbitos, aspectos adicionales. Al terminar, nosotros pedimos la palabra. Inició Quetzalli, que hizo una puntual exposición, desde un punto de vista legal, de las principales objeciones a dicha ley por parte del sector editorial (buena parte de estos argumentos los puedes encontrar en mis textos ya mencionados del 9 y 22 de junio). Luego, Diego Echeverría explicó, en particular, por qué a los editores nos preocupa poner en manos de la Red de Bibliotecas los archivos electrónicos de nuestros libros. Esa es sin duda la preocupación medular de todo el sector editorial. Finalmente, Débora Holtz y yo hablamos de la situación que vivimos las editoriales independientes, golpeadas y precarizadas por la pandemia, y de las implicaciones que sobre nosotras tendría esta ley. Tras las intervenciones, Eduardo Villegas propuso la creación de tres grupos de trabajo para abordar los diversos temas planteados.
Es importante señalar que es evidente el deseo de diálogo, de colaboración y de búsqueda de soluciones por todas las partes. Por supuesto, habiendo sido promulgada la ley, las respuestas a nuestras objeciones, por parte de las autoridades, se plantean por la vía de los reglamentos. No obstante, las dudas e inquietudes por el lado del sector editorial son enormes. Además, técnicamente la ley entró en vigor, por lo que toda editorial que publique libros con ISBN a partir de inicios de junio de este año, está obligada a cumplir lo dispuesto en materia de depósito legal, incluyendo la entrega de los archivos electrónicos de sus libros, los cuales pueden estar disponibles para consulta pública. Unos ven allí abierta la posibilidad a la fuga de información y, por tanto, a la piratería. Otros, el uso arbitrario de la información depositada ante la falta de reglamentos y de una infraestructura tecnológica que salvaguarde nuestra información.
Realmente se podría escribir un tratado sobre todo lo que gira alrededor de esta ley. Lo que escribo no es sino mi interpretación y mi opinión estrictamente personal sobre lo que está ocurriendo. A mí me parece que estamos frente a una oportunidad inédita de discutir ampliamente sobre la memoria histórica, el depósito legal y las políticas públicas en materia de cultura, libro y lectura. Creo también que, si prevalece el ánimo de apertura, de diálogo, de comprensión de las razones de cada una de las partes, llegaremos a buen puerto. Será imposible lograrlo sin que se recurra en el trayecto a los reductos que contemplan las leyes para proteger los intereses de los involucrados.
Por lo pronto, creo que es vital impulsar una campaña de información sobre la situación que prevalece en México en materia de cultura, libro y lectura. El nuevo gobierno desea cambiar las viejas y, sin duda, viciadas reglas en muchos terrenos. Bienvenidos los cambios. Pero que sean para bien. Sin embargo, es imposible encontrar vías factibles de cambio, de renovación, sin la participación activa de todos los implicados. Tomar en cuenta la voz de autores, traductores, editores, correctores, diseñadores, creativos (tipógrafos, fotógrafos, ilustradores, etc.), promotores de la lectura, libreros, bibliotecarios, gestores culturales, en fin, de todos los que integramos la cadena que lleva la palabra de los autores a los lectores, es imprescindible.
Hay muchas oportunidades para enriquecer la bibliodiversidad y el ecosistema del libro en México. Sigo pensando que el gobierno debe vernos como poderosos aliados en la tarea de recomponer el tejido social de nuestro país. También estoy convencido de que con voluntad, con políticas públicas innovadoras, mucho se puede hacer aún con pocos recursos. Una medida significativa sería la de impulsar la distribución del libro de texto a través de librerías, bibliotecas y centros culturales. Otra, la de hacer uso creativo de las nuevas tecnologías para incorporar a nivel nacional a gestores culturales a la tarea de crear nuevas librerías y de acercar a la población a la lectura mediante una reconceptualización del espacio bibliotecario. En esta discusión tenemos mucho qué ganar, nada qué perder. Abordemos, discutamos de manera creativa la nueva Ley General de Bibliotecas. Es una tarea impostergable.